Hoy se cumplen 190 años de la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos británicos que instauraron desde entonces medidas restrictivas para evitar el reasentamiento del pueblo argentino. Este acto de fuerza británico contrario al derecho internacional y que fue llevado a cabo en tiempos de paz sin que mediara comunicación ni declaración previa alguna, que culminó con la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, fue inmediatamente rechazado y protestado por las autoridades argentinas de aquel momento. Desde entonces todos los gobiernos argentinos han reafirmado ininterrumpidamente sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el "Nuevo Mundo" poco después del descubrimiento de 1492. Entre 1767 y 1811 hubo una sucesión continua de 32 gobernadores españoles en las islas hasta que en el marco del proceso de independencia los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas continuaron con el ejercicio de soberanía y la administración de las Islas Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el principio del uti possidetis iuris de 1810.
El 6 de noviembre de 1820 el coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión oficial de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izando la bandera argentina por primera vez. Asimismo, el gobierno argentino procedió al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población.
En ese marco, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó el 10 de junio de 1829 la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.
Sin embargo, el 3 de enero de 1833 dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza ilegal británico. Desde entonces, subsiste una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como fuera reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX). Esta resolución, adoptada en 1965 sin ningún voto en contra, consagra el llamado de la comunidad internacional a proceder sin demora a negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
A su vez, la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en 10 resoluciones de la Asamblea General y en más de 40 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU y en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur- frica (ASA) y la Cumbre Países rabes - Sudamérica (ASPA).
La negativa británica a cumplir con la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte del Reino Unido. Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente.
Asimismo, el Reino Unido mantiene en las islas una injustificada y desproporcionada presencia militar con la que regularmente realiza maniobras y ejercicios toda vez que la Argentina no representa ninguna una amenaza para el Reino Unido. En este año se cumplen 40 años desde la recuperación de la democracia en Argentina, período en el cual todos los gobiernos han reivindicado la solución pacífica de las controversias.
Como parte de la militarización británica en el Atlántico Sur, recientemente el Reino Unido ha buscado introducir fuerzas de seguridad de terceros actores en las islas, lo que la Argentina ha protestado enérgicamente ya que constituye un apartamiento deliberado de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.
Todos estos actos unilaterales británicos son contrarios a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y han suscitado múltiples expresiones de preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional.
Por otro lado, la presencia militar británica, en particular, contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en espacial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y de cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.
La Argentina advierte con preocupación que aún hoy se ejercen con discrecionalidad políticas migratorias restrictivas que limitan la posibilidad de establecer residencia, adquirir tierras, contraer empleo o iniciar actividades comerciales o profesionales en las Islas Malvinas, en particular respecto de los argentinos provenientes del territorio continental.
Recientemente se han cumplido 40 años de la resolución 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 4 de noviembre de 1982, a los pocos meses de haber finalizado el conflicto del Atlántico Sur. La resolución estableció que el conflicto no modificó la naturaleza de la disputa de soberanía y, recordando las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII), solicitó, una vez más, a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas y solicitó al Secretario General que, sobre la base de la presente resolución, emprenda una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes, la cual hoy se encuentra vigente y con la que el Reino Unido se rehusa a cooperar.
Luego de 190 años de colonialismo en las islas Malvinas, la comunidad internacional hace un llamado a poner fin a esa situación anacrónica. Es hora de que el Reino Unido cumpla con su obligación internacional de resolver las controversias por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas. La Argentina reafirma su disposición a retomar las negociaciones con el Reino Unido conforme los reiterados llamados de la comunidad internacional, con el mismo espíritu constructivo que el de los años siguientes a la adopción de la resolución 2065 (XX), período en el que las dos partes pusieron en marcha los mecanismos de negociación estipulados en dicha Resolución y asimismo, reitera el pedido al Secretario General de la ONU que renueve los esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General a través de sucesivas resoluciones.
La República Argentina reafirma una vez más, a 190 años de la usurpación de las Islas Malvinas, sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre esos territorios australes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional.
Buenos Aires, 3 de enero de 2023
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Hoje comemora-se o 190º aniversário da ocupação ilegítima das Ilhas Malvinas. Em 3 de janeiro de 1833 as Ilhas Malvinas foram ilegalmente ocupadas por forças britânicas que expulsaram a população e as autoridades argentinas legitimamente estabelecidas nas ilhas, substituindo-as por súditos britânicos que desde então o estabeleceram medidas restritivas para impedir o reassentamento do povo argentino. Este ato de força britânico contrário ao direito internacional e que foi realizado em tempo de paz sem qualquer comunicação ou declaração prévia, que culminou na ocupação ilegal das Ilhas Malvinas, foi imediatamente rejeitado e protestado pelas autoridades argentinas daquela época. Desde então o, todos os governos argentinos reafirmaram continuamente seus direitos soberanos legítimos e imprescritíveis sobre as Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul, Sandwich do Sul e as áreas marítimas circundantes.
As Ilhas Malvinas faziam parte da área sob a jurisdição da Espanha desde a entrada em vigor dos primeiros instrumentos internacionais que delimitavam o "Novo Mundo", desde 1492. Entre 1767 e 1811 houve uma sucessão contínua de 32 governadores espanhóis nas ilhas até que, no âmbito do processo de independência, os primeiros governos patrióticos das Províncias Unidas continuaram com o exercício da soberania e a administração das Ilhas Malvinas, que consideravam parte integrante do seu território, herdado da Espanha por sucessão de Estados de acordo com o princípio de uti possidetis iuris de 1810.
Em 6 de novembro de 1820, o Coronel da Marinha Argentina David Jewett tomou posse oficial das Ilhas Malvinas em nome das Províncias Unidas do Rio da Prata, hasteando a bandeira argentina pela primeira vez. Da mesma forma, o governo argentino procedeu à emissão de normas e ao estabelecimento das estruturas jurídicas e administrativas que consolidaram o pleno exercício de sua soberania, incluindo a promoção do desenvolvimento de atividades comerciais e o estabelecimento da população. Neste contexto, o governo da Província de Buenos Aires criou, em 10 de junho de 1829, o Comando Político e Militar das Malvinas e as adjacentes ao Cabo de Hornos.
No entanto, em 3 de janeiro de 1833, esse efetivo exercício da soberania foi interrompido por um ato de força ilegal britânico. Desde então, persiste uma disputa de soberania entre a República Argentina e o Reino Unido da Gr -Bretanha e Irlanda do Norte, conforme reconhecido pela Assembleia Geral das Nações es Unidas através da resolução 2065 (XX). Esta resolução, adotada em 1965 sem qualquer voto contra, consagra o apelo da comunidade internacional para a celebração, sem demora, de negociações bilaterais entre a Argentina e o Reino Unido, a fim de encontrar uma solução pacífica para o diferendo sobre a soberania, tendo em conta os interesses dos habitantes das ilhas.
Por sua vez, a comunidade internacional reiterou a necessidade de retomar as negociações bilaterais o mais rápido possível, o que foi expresso em 10 resoluções da Assembleia Geral e em mais de 40 resoluções do Comitê Especial das Nações Unidas sobre Descolonização e em numerosas declarações de fóruns regionais e multilaterais, como a OEA, o G77 mais a China, o MERCOSUL, a Cúpula Ibero-Americana, a CELAC, SICA, PARLASUL, PARLACEN, Fórum Sul-Americano de Cooperação do América do Sul-África (ASA) e a Cúpula de Países Árabes - América do Sul (ASPA).
A recusa britânica em cumprir a obrigação de resolver o litígio por meios pacíficos e de pôr fim ao colonialismo em todas as suas formas foi agravada pela continuação da introdução de atos unilaterais pelo Reino Unido. Essas ações incluem a prospecção e exploração de recursos naturais renováveis e n o renováveis, que a Argentina tem rejeitado continuamente.
Do mesmo modo, o Reino Unido mantém uma presença militar injustificada e desproporcionada nas ilhas, com a qual realiza regularmente manobras e exercícios, mesmo quando a Argentina não representa qualquer ameaça para o Reino Unido. Este ano comemoram-se 40 anos desde a recuperação da democracia na Argentina, um período em que todos os governos reivindicaram a solução pacífica das disputas.
Como parte da militarização da Grã-Bretanha no Atlântico Sul, o Reino Unido recentemente procurou introduzir forças de segurança de terceiros atores nas ilhas, o que a Argentina protestou fortemente como afastamento deliberado dos apelos das numerosas resoluções das Nações Unidas e outros organismos internacionais.
Todos estes atos unilaterais britânicos são contrários à Resolução 31/49 da Assembleia Geral das Nações Unidas e deram origem a múltiplas manifestações de preocupação e condenação por parte da comunidade internacional.
Por outro lado, a presença militar britânica, em particular, também contradiz a Resolução 41/11 da Assembleia Geral (Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul) que, entre outras disposições, apela aos Estados de todas as outras regiões, em particular aos Estados de importância militar, para que respeitem escrupulosamente a região do Atlântico Sul como zona de paz e cooperação, em particular, reduzindo e, eventualmente, eliminando a sua presença militar naquela região.
A Argentina observa com preocupação que políticas migratórias restritivas ainda est o sendo exercidas à discrição, o que limita a possibilidade de estabelecer residência, adquirir terras, contratar emprego ou iniciar atividades comerciais ou profissionais nas Ilhas Malvinas, particularmente no que diz respeito aos argentinos provenientes do território continental.
Recentemente fez 40 anos desde a Resolução 37/9 da Assembleia Geral das Nações Unidas, adotada em 4 de novembro de 1982, poucos meses após o fim do conflito do Atlântico Sul. A resolução estabeleceu que o conflito não alterou a natureza da disputa de soberania e, recordando as resoluções 2065 (XX) e 3160 (XXVIII), solicitou, uma vez mais, aos Governos da Argentina e do Reino Unido da Gr -Bretanha e da Irlanda do Norte que retomassem as negociações, a fim de encontrar o mais rapidamente possível uma solução pacífica para o diferendo de soberania relativo à questão o das Ilhas Malvinas e solicitou o Secretário-Geral a assumir, com base na presente resolução, uma miss o renovada de bons ofícios para ajudar as partes, que está hoje em vigor e com a qual o Reino Unido se recusa a cooperar.
Após 190 anos de colonialismo nas Ilhas Malvinas, a comunidade internacional apelou ao fim dessa situação anacrónica. É tempo de o Reino Unido cumprir a sua obrigação internacional de resolver os diferendos por meios pacíficos e de pôr fim ao colonialismo em todas as suas formas. A Argentina reafirma a sua vontade de retomar as negociações com o Reino Unido, em conformidade com os repetidos apelos da comunidade internacional, no mesmo espírito construtivo dos anos que se seguiram à adopção da Resolução 2065 (XX), período em que as duas partes desencadearam os mecanismos de negociação previstos nessa resolução, e também, reitera o pedido ao Secretário-Geral da ONU para renovar os esforços no cumprimento da missão de bons ofícios que lhe foi confiada pela Assembleia Geral por meio de sucessivas resoluções.
A República Argentina reafirma mais uma vez, 190 anos após a usurpação o das Ilhas Malvinas, seus direitos soberanos legítimos e imprescritíveis sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul, Sandwich do Sul e as áreas marítimas circundantes. A recuperação do efetivo exercício da soberania sobre esses territórios austrais, de acordo com o direito internacional e respeitando o modo de vida de seus habitantes, é um objetivo permanente e inalienável do povo argentino, como refletido na disposição transitória primeira de nossa Constituição Nacional.
Buenos Aires, 3 de janeiro de 2023.